De los 600 participantes del programa, solo 7,5% reincidió.
Ministerio Público asegura que esto implica un menor costo para el Estado
Ministerio Público asegura que esto implica un menor costo para el Estado
Luis Torre tomó la alternativa que le brindó el programa Justicia Juvenil. (Foto: Luis Bellido)
VANIA RAMOS
“Antes yo no me dedicaba a nada”, dice Luis Odilio Torre, mientras sostiene la mano de su pequeño hijo. Hoy con 22 años, Luis ve lejanos los días en los que era un adolescente y no encontraba mejor manera de pasar sus días que consumiendo drogas y robando para conseguirlas.
Hoy su realidad es muy distinta. Participar durante dos años en el programa de justicia juvenil restaurativa no solo lo libró de pasar años en prisión por las denuncias que tenía, sino que también le dio una visión distinta de la vida, donde el estudio y el trabajo podían ser parte de su realidad y, además, la oportunidad para reconciliarse con la sociedad.
“Ahora –afirma Luis– trabajo en un instituto de idiomas, en el departamento de cobranzas. Imagínate, yo tenía denuncias por robo y el dueño del instituto me dio la oportunidad de trabajar ahí. Confió en mí”.
Luis es solo un ejemplo de lo que el sistema de justicia restaurativa puede hacer con un joven. Esta experiencia comenzó hace seis años, a través de un proyecto piloto en El Agustino, donde la violencia es un problema serio, para identificar algunos puntos críticos de la justicia para menores en el Perú.
Fue la fundación suiza Tierra de Hombres la que, a través de un estudio, detectó estos puntos críticos, entre los que se cuentan: la debilidad del sistema de defensa de menores, el uso excesivo de la internación preventiva, la sobrejudicialización de los casos y la escasa aplicación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de la libertad.
“Se ha atendido a más de 600 adolescentes que han recibido atención psicosocial y asistencia legal. Eso ha permitido que ellos se reinserten en su ámbito familiar, comunitario y escolar, en vez de seguir vinculados al delito o terminar recluidos en centros como ‘Maranguita’”, explicó Véronique Henry, delegada en el Perú de Tierra de Hombres.
Gracias a la aplicación de este programa, solo el 7,5% de los participantes ha reincidido.
¿Este tratamiento promueve la impunidad ? Al respecto, Henry detalla que otro de los aspectos positivos es que permite al menor en conflicto con la ley reparar el daño hecho a la víctima.
“La justicia juvenil restaurativa implica también la participación de la víctima; en lugar de tener a esta solo como un testigo que denuncia, como se hace normalmente en un proceso judicial. Se le propone un encuentro de mediación con el menor infractor que, en la mayoría de casos, termina con la reparación del daño. Esto humaniza la relación víctima-infractor y reconstruye el vínculo social”, añade Henry.
Para que el programa funcionara, se requirió la participación de instituciones como los ministerios Público, del Interior, Justicia, de la Mujer y Desarrollo Social, organizaciones civiles y gobiernos municipales. El éxito de la justicia restaurativa en El Agustino fomentó que, desde octubre del 2010, se aplique el modelo en distritos del sur de Lima.
“Comenzamos este enfoque en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Probamos al Ministerio de Economía que invertir por la infancia en este tipo de enfoques reditúa grandes utilidades al Estado porque se reduce el gasto público”, indicó Rita Figueroa, fiscal superior de la Segunda Fiscalía de Familia de Lima.
EN PUNTOS
Baja reincidencia y costo al Estado
Según un estudio hecho en el 2008 por la fundación tierra de hombres, el costo mensual del programa de justicia restaurativa es de US$115 por adolescente, frente al costo en centros juveniles cerrados con medidas privativas de libertad que es de US$417. Esto implica menor costo para el estado.
Baja reincidencia y costo al Estado
Según un estudio hecho en el 2008 por la fundación tierra de hombres, el costo mensual del programa de justicia restaurativa es de US$115 por adolescente, frente al costo en centros juveniles cerrados con medidas privativas de libertad que es de US$417. Esto implica menor costo para el estado.
El proyecto de justicia juvenil restaurativa ha logrado sensibilizar y capacitar a más de 500 operadores de justicia entre policías, fiscales y jueces.
Son los fiscales los encargados de determinar los casos que pueden incluirse en el programa. No son considerados aquellos menores que hayan cometido delitos muy graves.
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